Algunos clientes de Euskastel han recibido durante los últimas semanas una carta donde se les pide 150 euros en un plazo de 5 días a cambio de no ir a juicio. Una denuncia en la que se reclama a los usuarios este importe por haber descargado mediante sistema P2P la película 'Once Upon a Time in Venice'. Se trata de una amenaza real, pero para entenderlo debemos trasladarnos a un juicio que empezó en abril de 2017.
Es el caso Euskaltel, un pleito judicial donde la operadora vasca fue obligada por un juzgado de Bilbao a dar información sobre sus clientes a una productora cinematográfica. Una información que tiempo después ha servido a esta productora para amenazar con diversas denuncias a aquellos usuarios que realizaron la descarga de la película.
Así es como la decisión de un juez, en contra de la jurisprudencia existente, ha terminado perjudicando la imagen de Euskaltel, ha vulnerado la privacidad de sus clientes y puede terminar otra vez en los juzgados con una reciente denuncia de Euskaltel a la propia productora por utilizar ilegalmente estos datos. Aquí os explicamos cómo se ha llegado a este punto y qué podemos aprender del caso Euskaltel.
El 3 de abril de 2017, un despacho de abogados que representaba a las productoras ganó una demanda contra Euskaltel. El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao obligó a la operadora vasca a entregar los datos sobre las direcciones IP de algunos usuarios que habían compartido contenidos sin permiso a través de sistemas P2P.
En concreto, la dirección IP de aquellos clientes que hubieran compartido la película 'Once Upon a Time in Venice'. Inicialmente Euskaltel se negó a entregar estos datos, pero el Juzgado de Bilbao obligó a aportar los datos de los clientes afectados, sin posibilidad de recurso. Unos datos que acabaron en manos de la productora que ahora, años después, los ha aprovechado para enviar cartas amenazantes de denuncia.
El caso es bastante peculiar ya que las decisiones del Juzgado de Bilbao difieren con las adoptadas por otros jueces. Amparándose en la Ley de Protección de Datos, las operadoras se habían negado a facilitar a los demandantes los datos de sus clientes. Pero esa resolución judicial obligó a Euskaltel a identificar a los propietarios de las direcciones IP que se habían descargado la película.
Este Juzgado abrió la puerta a que la productora obtuviera unos datos sensibles y pudiera así enviar cartas a los clientes. Usuarios de Euskaltel denuncian que el operador no realizó suficiente esfuerzos para defender su posición y explican que otras operadoras han tenido procesos similares y finalmente la Justicia les ha dado la razón.
Desde la resolución del juicio ha habido casos constantes de clientes que han recibido cartas exigiendo distintas cantidades de dinero para evitar ser demandados. Una cantidad que va desde los 150 hasta los 475 euros.
En distintos foros, los usuarios de Euskaltel lamentan que la compañía haya permanecido quieta ante este asunto, lo que le ha valido la fama de ser una operadora de riesgo para aquellos usuarios que quieren compartir contenidos a través de sistemas P2P.
Durante las últimas semanas los clientes de Euskaltel han recibido numerosas cartas de la productora de cine "Venice PI, LLC", con un aviso donde se advierte que o se abona 150 euros en un plazo de 5 días o se iría a la vía judicial. Estas cartas incluyen un número de cuenta corriente a nombre de Alfa Guardian S.L, representante de la productora.
Adicionalmente, usuarios han denunciado haber recibido cartas con el mismo mensaje pero por haber descargado la película Titán, de la productora Reliance Entertainment Productions LLC con sede en Londres.
Ejemplo de carta recibida por clientes de Euskaltel.
Otro caso es el descrito por MSN, donde un usuario recibió un correo escrito por el abogado Rafael Eizaguirre Garaizar en el que, en representación de Venice PI LLC, solicitaba 150 euros "por vía amistosa". Una práctica que el cliente describe "similar a la extorsión".
Finalmente, Euskaltel ha decidido actuar. El operador vasco ha manifestado que la productora Venice PI ha utilizado estos datos personales en contra de la normativa de protección de datos. Estos datos conseguidos en diligencias preliminares estaban en manos de la productora, pero no se especificaba qué tipo de uso se podía hacer de ellos.
A raíz de las cartas recibidas por sus clientes, Euskaltel ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) donde considera que "cuando se facilitan los datos en cumplimiento del auto de diligencias preliminares la productora no es libre para decidir qué hacer con esos datos, circunstancia que parece que se incumple y que puede constituir infracción de la normativa de protección de datos".
La denuncia fue presentada el pasado 20 de mayo y se acusó de vulnerar la normativa de datos personales, como por ejemplo el uso de la dirección de correo, que habría sido obtenido de forma ilegal para enviar estos correos exigiendo el pago de 150 euros.
Con este movimiento Euskaltel intenta resarcirse de la mala imagen cosechada respecto a sus propios clientes en materia del uso libre de la red. El operador remarca que en ningún momento ha identificado a los titulares de las direcciones IP como autores de infracción alguna ni valora la licitud o ilicitud de las actuaciones realizadas por los usuarios. La operadora se habría limitado únicamente a dar un listado de IPs, pero esa información es suficiente sensible.
Cada vez más jueces evitan condenar únicamente basándose en la IP, pero hay excepciones como el Juzgado de Bilbao que ya condenó previamente a varios usuarios por el caso 'Dallas Buyers Club'.
En Bilbao un bufete de abogados está mandando cartas a usuarios de redes P2P -o eso dice la carta que son- reclamándoles 100 euros por cada capítulo de series descargadas y 150 euros por película. Dicen que es como acuerdo extrajudicial para evitar la demanda. Su prueba: una IP.
— David Bravo (@dbravo) 16 de abril de 2019
David Bravo, abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual, argumenta que "el número de IP, como ha declarado ya el Tribunal Supremo, solo acredita quién es la persona que contrató la conexión a internet desde la que se realizaron los hechos objeto del procedimiento, pero no quién la usó." En su opinión, la posición del juzgado de Bilbao es algo puntual y se basa en un desconocimiento tecnológico. Sin embargo las decisiones están ahí y han permitido alargar el conflicto entre Euskaltel, sus clientes y los abogados de las productoras que intentan sacar crédito de ello.
Por el momento los usuarios afectados que han recibido la carta han rechazado pagar. Esta decisión podría acabar en los Juzgados si el abogado demandante finalmente presenta la denuncia. Será entonces cuando el Juzgado deberá decidir qué tipo de resolución adopta. Paralelamente, el Juzgado también deberá decidir si el uso de los datos de los clientes de Euskaltel por parte de los abogados ha vulnerado la Ley de Protección de Datos.
Teniendo en cuenta la posición del Tribunal Supremo, los usuarios deberían estar tranquilos. Si bien, una resolución discordante puede alargar más el proceso. Una situación que no habría alcanzado a los usuarios si Euskaltel hubiera velado con más ahínco por la privacidad de sus clientes.
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