Durante los años de la burbuja, las energías renovables recibieron un impulso sin precedentes en España. Sin precedentes, pero desproporcionadamente caro. Por eso, cuando estalló la crisis y las cuentas empezaron a venirse abajo, el Gobierno de Zapatero las frenó y, posterior mente, el de Rajoy las cortó de raíz. El conflicto de las "primas de las renovables" fue un polémico debate durante años y, ahora, amenaza con volver a serlo.
Porque las empresas que se vieron afectadas por los recortes llevaron a España a los tribunales y la tendencia que marcan las últimas sentencias no pinta bien. Los últimos laudos (que así se llaman estos arbitrajes en jerga técnica) ya han supuesto cerca de 1.000 millones de euros, pero teniendo en cuenta todos los procesos que siguen abiertos la cifra total se estima entre 7.500 y 8.100 millones. Aunque, probablemente, se quede en la mitad.
¿Cómo es posible? Para entenderlo, tenemos que remontarnos a 1994, cuando el Gobierno de España firmó el Tratado sobre la Carta de la Energía. Un tratado de casi 50 países que tenía como objetivo asegurar el suministro energético en unos países occidentales muy dependientes del exterior. En ese tratado, hay mecanismos para garantizar la protección de los inversores a nivel internacional. Precisamente esos mecanismos son los que ahora están fallando contra España.
¿De qué se quejan los inversores? Fundamentalmente de la medida del Ministerio de Industria de José Manuel Soria que finiquitó el sistema de subvenciones en función de la producción energética y lo sustituyó por una "garantía de rentabilidad razonable". Es decir, en ese momento, suponía un recorte de unos 1.700 millones de euros al año en subvenciones.
Como el gobierno se había comprometido a mantener el sistema anterior durante 25 años, las empresas recurrieron a los tribunales de arbitraje alegando pérdidas considerables. Poco a poco, España ha ido acumulando más de 45 procesos en diferentes niveles internacionales convirtiéndose en el país con más litigios de este tipo de todo el globo.
¿Qué hace el Gobierno? Tratar de reducir la factura todo lo que puede. Y no lo hace mal. Por el momento, la Abogacía del Estado han conseguido rebajar a 740 millones unas reclamaciones que sumaban 2.013 millones de euros. Además, España intenta pedir la anulación de las condenas agarrándose a un argumento legal interesante: que todos estos laudos deberían estar juzgándose en el Tribunal de la Unión Europea.
Los problemas de que la transición energética no tenga un plan estratégico. Pese a las derrotas judiciales, la tendencia señala que el cambio de modelo le saldrá rentable al país. Sin embargo, todo esto no deja de volver a poner en evidencia que no tenemos un plan. La política energética española lleva años instalada en la improvisación y la incapacidad para desarrollar políticas efectivas.
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